El crecimiento de la morosidad y la expansión del crédito al consumo volvieron a colocar el endeudamiento de los hogares en el centro del debate político. En la Cámara de Diputados, más de 30 proyectos presentados por distintos sectores opositores fueron ordenados para buscar una respuesta común a una problemática que, según los últimos datos disponibles, alcanza a millones de personas dentro y fuera del sistema financiero formal.
El debate parte de una realidad difícil de ignorar. El Banco Central informó que, a junio de 2025, 19,5 millones de personas registraban algún financiamiento en el sistema financiero ampliado, equivalente al 52,6% de la población adulta. Durante ese semestre se sumó, en términos netos, un millón de nuevos deudores y el saldo promedio por persona alcanzó su mayor nivel real de los últimos cinco años.
Sobre esa base, la oposición intenta reunir apoyos para tratar dos grandes iniciativas que concentran buena parte de las propuestas. Una de ellas apunta específicamente a quienes ya se encuentran en mora y plantea un mecanismo de renegociación; la otra procura prevenir el sobreendeudamiento y reforzar la protección de los consumidores frente a las condiciones del crédito. La idea es ordenar los proyectos dispersos y construir una salida legislativa común.
Uno de los textos centrales es la denominada Ley de Segunda Oportunidad para Hogares Endeudados, que propone crear un Programa Nacional de Alivio de Deuda Personal. El expediente prevé un procedimiento previo, breve y gratuito para renegociar obligaciones de consumo, sin que el Estado asuma ni cancele directamente las deudas privadas de los beneficiarios. La finalidad es compatibilizar los pagos con las necesidades básicas del hogar.
El proyecto alcanzaría deudas originadas desde el 10 de diciembre de 2023 que estén en mora, incluyendo tarjetas de crédito, préstamos personales y financiamiento otorgado por entidades financieras o proveedores no financieros. También podrían contemplarse obligaciones vinculadas con servicios y bienes esenciales, mientras quedarían excluidos los créditos hipotecarios, prendarios y las deudas empresariales.
Para ingresar al programa, el servicio de la deuda debería representar al menos el 30% del ingreso disponible del hogar. El umbral bajaría al 20% cuando existan situaciones de especial vulnerabilidad, entre ellas la percepción de la AUH, jubilaciones mínimas o pensiones no contributivas, el desempleo o la existencia de hogares monoparentales con menores a cargo. El proyecto fija otros requisitos. Además, contempla límites patrimoniales y de ingresos para delimitar el beneficio.
Una vez admitida la solicitud, se suspenderían temporalmente las ejecuciones judiciales y las medidas extrajudiciales de cobro incluidas en el trámite. También se frenaría el devengamiento de intereses punitorios y cargos por mora y se impedirían nuevas registraciones o un agravamiento de la calificación crediticia mientras se desarrolla la etapa de negociación. Los acreedores deberían informar el detalle de la deuda.
El eventual plan debería respetar límites precisos: la cuota total no podría superar el 30% del ingreso disponible, o el 20% para los hogares vulnerables; no incluiría intereses punitorios y tendría, en principio, un plazo máximo de 60 meses. Si la negociación fracasa, el proyecto habilita a la autoridad de aplicación a determinar una reestructuración, con posterior revisión judicial. Luego deberían adecuarse los registros de morosidad.
La urgencia política se explica por el deterioro de los indicadores. El BCRA informó que el coeficiente de mora de las financiaciones a las familias llegó al 12,8% en mayo de 2026. El dato confirma el fuerte incremento de la irregularidad del crédito, aunque otros análisis advierten que el diagnóstico no es unívoco y que Argentina mantiene un sistema financiero todavía poco desarrollado en comparación internacional.
El desafío inmediato será parlamentario. Los proyectos continúan en comisiones y la oposición necesita reunir quórum y mayorías para forzar su tratamiento y obtener dictamen. Los registros oficiales muestran que el Programa Nacional de Alivio de Deuda Personal y otras iniciativas de segunda oportunidad ya fueron presentados, pero todavía no existe una ley aprobada ni una solución general vigente para los hogares endeudados.
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