El Gobierno nacional logró en Diputados la media sanción para reducir el alcance del régimen de zona fría, pero detrás de la votación apareció una negociación que desnuda la lógica territorial de la política energética: apoyo de provincias del norte a cambio de una promesa de alivio en las tarifas eléctricas para las denominadas zonas cálidas. El problema es que una necesidad no debería pagarse con el desamparo de otra.
La iniciativa oficial busca limitar el beneficio histórico a la Patagonia, Malargüe y la Puna, mientras que amplias áreas incorporadas en 2021, entre ellas numerosos municipios bonaerenses, perderían el descuento automático y quedarían sujetas a criterios de vulnerabilidad. La reforma ya obtuvo media sanción y sigue pendiente de tratamiento en el Senado, donde el Gobierno continúa buscando respaldos.
La promesa de una tarifa eléctrica diferencial para el Norte Grande fue señalada como una pieza central de las negociaciones políticas. Gobernadores de esa región reclamaron garantías antes de acompañar el proyecto en la Cámara alta. La discusión es legítima: las temperaturas extremas también disparan el consumo y las facturas. Lo cuestionable es que la solución aparezca condicionada por una transacción de votos.
El contraste resulta evidente. Mientras se argumenta que los subsidios deben focalizarse y reducirse para ordenar las cuentas públicas, la negociación abre la puerta a nuevas compensaciones territoriales. Así, el criterio técnico parece convivir con una aritmética política donde cada región debe defender su propio alivio, aun cuando eso implique que otro grupo de usuarios pierda una protección ya vigente.
En la provincia de Buenos Aires, el impacto sería especialmente sensible. El proyecto alcanza a distritos donde el invierno impone consumos elevados de gas y donde el beneficio dejó de ser una abstracción para convertirse en un componente de la economía doméstica. Quitar ese descuento en nombre de la eficiencia fiscal, mientras se negocian compensaciones para obtener votos, alimenta una sensación de inequidad difícil de desmentir.
El debate no debería enfrentar el calor del norte contra el frío del centro y del sur. Ambos fenómenos generan demandas energéticas extraordinarias y requieren políticas que contemplen las condiciones reales de cada territorio. Si una familia necesita más electricidad para atravesar temperaturas extremas, merece protección; si otra necesita más gas para calefaccionarse, el principio debería ser exactamente el mismo, sin convertirlas en adversarias.
La cuestión de fondo es qué modelo de subsidios quiere construir la Argentina. Una política seria puede revisar beneficios, corregir errores y focalizar recursos, pero necesita reglas transparentes, previsibles y aplicadas con criterios equivalentes. Cuando el acceso a una tarifa diferencial parece depender de la capacidad de negociación de cada gobernador, la energía deja de ser sólo un servicio y se convierte en moneda de cambio política.
Por ahora, la media sanción continúa en el Senado y el Norte Grande mantiene sus reclamos por una tarifa diferenciada durante los períodos de mayor consumo eléctrico. El desenlace mostrará si el Gobierno puede reunir los votos que necesita. Pero también dejará una pregunta incómoda: si hay recursos para negociar nuevos alivios, ¿por qué la corrección del sistema debe comenzar quitando beneficios a quienes ya los tienen?
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