La política energética nacional ha quedado envuelta en un crudo e indignante mercadeo parlamentario. Miles de familias bonaerenses, pampeanas y cordilleranas observan con impotencia cómo el derecho elemental a calentar el hogar en pleno invierno se transformó en moneda de cambio fiscal. El oficialismo recortará la cobertura del gas para financiar la rebaja eléctrica en el Norte Grande.
La quita de beneficios en las denominadas zonas frías representa un golpe demoledor para los presupuestos familiares. Hogares que dependían de reducciones de entre el 30% y el 50% en el consumo de gas ahora enfrentarán boletas que duplican su valor. Calefaccionar la vivienda deja de ser una urgencia climática atendida por el Estado para convertirse en un privilegio inalcanzable.
El trasfondo de esta medida evidencia una maniobra de toma y daca que indigna a los perjudicados. Los gobernadores del norte entregaron sus votos en la Cámara de Diputados para desmantelar la protección del gas del sur. A cambio, condicionaron su apoyo en el Senado a la creación del esquema de zonas cálidas para subsidiar la energía en verano.
Las gestiones lideradas por el jefe de Gabinete, Diego Santilli, junto a la secretaria de Energía, María del Carmen Tettamanti, confirman la postergación del debate hasta septiembre. Sin embargo, la tregua parlamentaria no frena el malestar social. Para los perjudicados, la postergación solo estira la incertidumbre de una reforma redactada de espaldas a la realidad climática.
Las promesas incumplidas por el ministro Luis Caputo encendieron alarmas y apuraron exigencias de garantías en la Casa Rosada. Mientras los mandatarios norteños reclaman certezas para el consumo estival de aire acondicionado, la población patagónica y de zonas templadas afronta bajas temperaturas con boletas impagables y una desprotección estatal absoluta.
Este reparto discrecional consolida una peligrosa fragmentación federal. El acceso a tarifas razonables no debiera responder a transacciones parlamentarias ni a conveniencias políticas de coyuntura. castigar la supervivencia en el frío para destrabar proyectos oficiales consagra un modelo donde las necesidades básicas de la población son entregadas en el altar del ajuste.
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