Un proyecto de ley presentado para modificar el sistema de Verificación Técnica Vehicular (VTV) en la provincia de Buenos Aires propone transferir a los municipios la administración integral del servicio. La iniciativa busca que cada comuna pueda organizar las inspecciones dentro de su territorio y que la totalidad de los recursos generados por los trámites permanezca en las arcas locales para financiar obras y políticas de seguridad vial.
La propuesta plantea introducir cambios en la Ley 13.927, que regula el Código de Tránsito bonaerense. De prosperar, cada municipio tendría la facultad de definir, mediante ordenanzas, cómo prestar el servicio. Entre las opciones previstas figuran la creación de plantas municipales, la conformación de consorcios regionales o la habilitación de talleres mecánicos privados que cuenten con las certificaciones técnicas exigidas.
El proyecto también incorpora modificaciones al régimen del Registro de Autopartes. En ese esquema, las comunas asumirían las funciones de fiscalización, ejecución y percepción de los aranceles correspondientes, mientras que la Provincia conservaría las tareas de homologación técnica para garantizar la validez de las obleas y certificados emitidos en cada distrito, tanto dentro del territorio bonaerense como en el resto del país.
La iniciativa fue impulsada por Ignacio Zavaleta, referente del GEN en Guaminí y exconcejal de ese distrito, en el marco de la Ley 10.589, que habilita la presentación de proyectos ciudadanos ante …
… la Legislatura bonaerense. Entre sus argumentos, sostiene que el sistema actual perjudica especialmente a las localidades del interior por la escasez de plantas verificadoras y las demoras para obtener turnos.
Según los fundamentos del proyecto, el régimen vigente concentra la administración del servicio desde la década de 1990 y consolidó un esquema de concesiones privadas por zonas a partir de 1995. La propuesta busca dejar sin efecto las concesiones actuales, sus prórrogas y las exclusividades territoriales, al considerar que limitan las facultades de los municipios para gestionar un servicio vinculado con la seguridad vial.
Uno de los aspectos centrales de la iniciativa es el destino de la recaudación. El texto establece que el 100 % de los ingresos obtenidos por la VTV y el Registro de Autopartes permanezca en cada municipio. Esos recursos tendrían asignación específica y solo podrían destinarse a infraestructura vial, mantenimiento de caminos rurales, señalización, equipamiento de guardias urbanas y otras acciones vinculadas con la prevención de siniestros.
Los impulsores de la propuesta sostienen que el sistema de control técnico vehicular genera una recaudación estimada de entre 4.000 y 5.000 millones de pesos. En ese sentido, consideran que una administración municipal permitiría descentralizar esos fondos y reinvertirlos directamente en las necesidades de cada distrito, especialmente en el interior bonaerense, donde las distancias y la falta de infraestructura representan un desafío permanente.
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