El avance del jabalí europeo volvió a instalar el debate sobre la necesidad de una política nacional para controlar una de las especies invasoras más problemáticas de Argentina. Especialistas reclaman un Plan Federal que coordine acciones entre Nación y provincias, promueva la caza controlada y habilite frigoríficos para garantizar una faena segura, con controles sanitarios y trazabilidad de la carne.
Según explicó Francisco Pescio, docente de la Facultad de Agronomía de la Universidad de Buenos Aires, el impacto económico provocado por esta especie ronda los 1.600 millones de dólares anuales. Los daños alcanzan cultivos, alambrados, pasturas e infraestructura rural, además de afectar la producción ganadera. El especialista recordó que el jabalí fue introducido para la caza deportiva y, sin depredadores naturales, su expansión se volvió incontrolable.
La situación ya obligó a distintas provincias a adoptar medidas específicas. En Buenos Aires, por ejemplo, se autorizó la denominada “caza plaguicida” como herramienta para reducir las poblaciones. Sin embargo, los expertos advierten que las acciones aisladas tienen escasa eficacia, ya que las manadas se desplazan sin respetar límites jurisdiccionales y recolonizan rápidamente las zonas donde fueron controladas.
Además de las pérdidas económicas, el crecimiento del jabalí representa un riesgo para la seguridad de las personas. Los ejemplares adultos pueden superar los 200 kilos, desplazarse en grupos numerosos y reaccionar con agresividad cuando se sienten amenazados. Pescio recordó el caso de un puestero fallecido en Mendoza tras el ataque de un jabalí y mencionó recientes avistamientos en áreas periurbanas del conurbano bonaerense.
El aspecto sanitario constituye otra de las mayores preocupaciones. Los jabalíes pueden transmitir enfermedades como triquinosis, hepatitis y peste porcina a los cerdos domésticos, con consecuencias especialmente graves para pequeños y medianos productores. También alertan sobre la comercialización clandestina de carne y chacinados, que llegan al consumidor sin análisis sanitarios ni controles oficiales.
Ante este panorama, los especialistas proponen habilitar frigoríficos públicos o de gestión mixta que permitan formalizar la faena y asegurar controles veterinarios. De esa manera, sostienen, se reducirían los riesgos para la salud, se incentivaría el control poblacional y se generaría un aprovechamiento responsable de la carne obtenida mediante programas autorizados.
Uno de los antecedentes más destacados se desarrolló en el Parque Nacional El Palmar, en Entre Ríos. Allí se implementó un programa que permitió a pobladores locales realizar la caza bajo estricta supervisión y controles sanitarios. Parte de la carne fue destinada a comedores comunitarios y la experiencia logró disminuir la presión del jabalí sobre el ecosistema de las palmeras yatay.
Para los investigadores, el desafío requiere una respuesta coordinada entre los gobiernos provinciales, el Estado nacional y organismos científicos como el INTA, el CONICET y las universidades. Advierten que, sin una estrategia común respaldada por evidencia técnica, la expansión del jabalí continuará acelerándose y multiplicará los impactos económicos, ambientales y sanitarios en gran parte del país.
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