Las recientes declaraciones del ministro de Transporte bonaerense, Martín Marinucci, en defensa de la Verificación Técnica Vehicular (VTV) vuelven a poner sobre la mesa un debate que miles de conductores mantienen desde hace años: ¿la VTV es realmente una herramienta determinante para la seguridad vial o se ha convertido en un mecanismo de recaudación difícil de justificar?
El funcionario sostuvo que flexibilizar los controles podría afectar la seguridad vial y cuestionó los cambios impulsados por el Gobierno nacional. Sin embargo, evitó responder una pregunta central: ¿qué porcentaje de los accidentes de tránsito que ocurren diariamente en las rutas y ciudades argentinas tiene como causa principal una falla mecánica que hubiera podido detectarse mediante la VTV?
Las estadísticas disponibles a nivel nacional e internacional muestran que la inmensa mayoría de los siniestros viales tienen origen en factores humanos. Exceso de velocidad, distracciones, uso del teléfono celular, cansancio, consumo de alcohol, maniobras imprudentes o errores de conducción aparecen recurrentemente como las principales causas de los accidentes.
A ello se suma un problema que los usuarios de las rutas conocen demasiado bien: el estado de la infraestructura vial. Baches, deformaciones del pavimento, banquinas deterioradas, señalización deficiente y falta de mantenimiento son factores que contribuyen significativamente al riesgo vial y que difícilmente puedan solucionarse exigiendo una oblea más en el parabrisas.
Resulta llamativo que mientras se insiste en la rigurosidad de la VTV, muchos conductores deben circular por rutas provinciales y nacionales que presentan evidentes falencias de conservación.
La seguridad vial parece concentrarse en inspeccionar vehículos particulares, mientras el debate sobre la calidad de la infraestructura queda relegado a un segundo plano.
Por supuesto que nadie discute la importancia de que los automóviles circulen en condiciones mecánicas adecuadas. Frenos, neumáticos, luces y dirección deben funcionar correctamente. La cuestión es si el actual sistema, con sus costos, frecuencias y estructura concesionada, es la herramienta más eficiente para lograr ese objetivo.
También cabe preguntarse si el modelo vigente responde exclusivamente a criterios de seguridad o si existe un fuerte componente económico detrás de su sostenimiento. Cada año millones de conductores deben afrontar el costo de la verificación, generando una recaudación considerable que pocas veces es puesta bajo análisis público.
En un contexto económico complejo, donde las familias enfrentan aumentos permanentes en combustibles, seguros, patentes y mantenimiento, la discusión debería ir más allá de la defensa automática del sistema. Tal vez haya llegado el momento de debatir mecanismos más modernos, menos burocráticos y más enfocados en los vehículos que realmente presentan riesgos, sin convertir el control técnico en una carga adicional para quienes ya cumplen con el mantenimiento de sus unidades.
La seguridad vial es un objetivo irrenunciable. Pero para alcanzarla, quizá sea necesario mirar más allá de la VTV y comenzar a discutir con la misma intensidad las verdaderas causas de los accidentes: la conducta humana al volante y el estado de las rutas por las que millones de argentinos transitan todos los días.
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