Entre blindajes políticos y trabajadores descartables. Hay imágenes que describen mejor que cualquier discurso el tiempo político que vive la Argentina. De un lado, un gobierno movilizado por completo para sostener y defender a un funcionario investigado por presunto enriquecimiento ilícito. Del otro, miles de trabajadores despedidos, expulsados del Estado y abandonados a su suerte, sin explicaciones, sin protección y muchas veces sin siquiera una palabra humana.
Ese contraste duele. Porque mientras el jefe de Gabinete, Manuel Adorni, recibió respaldo público total del presidente Javier Milei, incluso en medio de investigaciones judiciales y sospechas patrimoniales, miles de empleados estatales fueron despedidos bajo la lógica fría de la motosierra, convertidos de un día para otro en “gasto”, “ñoquis” o simples números de ajuste.
El Gobierno insiste en que “no va a ejecutar a un inocente”, frase utilizada por Milei para justificar la continuidad de Adorni mientras avanza la investigación judicial en su contra. Pero la pregunta inevitable es otra: ¿cuántos trabajadores fueron ejecutados laboralmente sin haber cometido delito alguno? Porque a ellos nadie los defendió.
Ningún funcionario salió a decir que eran inocentes. Nadie se sentó frente a cámaras para explicar sus historias personales. No hubo discursos encendidos sobre sus familias, sus hijos o sus años de servicio. No hubo presunción de dignidad. Apenas telegramas, recortes y silencio. Y allí aparece la fractura moral más profunda de este tiempo.
El poder parece tener derecho a la comprensión, a la espera judicial, a la defensa política y mediática. El trabajador común, en cambio, apenas recibe sospecha automática. Si es estatal, peor todavía: primero se lo condena socialmente y recién después —si es que alguien escucha— puede intentar demostrar que trabajaba.
Mientras Adorni fue acompañado y respaldado públicamente por Milei incluso en el Congreso, en un gesto político inédito, miles de empleados fueron separados de sus puestos sin una defensa institucional mínima. Y eso revela mucho más que una contradicción política. Revela una escala de valores.
Porque cuando el poder protege ferozmente a los propios mientras deja caer a ciudadanos comunes sin red ni explicación, el mensaje que recibe la sociedad es devastador: no todos valen lo mismo. Hay funcionarios que merecen garantías absolutas y trabajadores que pueden ser descartados sin contemplaciones.
El drama no es solamente económico. Es humano. Detrás de cada despido hay una familia que reorganiza su vida de golpe. Personas que quizás cobraban poco, que jamás aparecieron en televisión, que nunca tuvieron custodia, asesores ni privilegios. Gente que simplemente trabajaba y que terminó pagando el costo brutal del ajuste.
Y mientras tanto, el discurso anticasta que prometía terminar con los privilegios hoy convive con defensas cerradas hacia figuras cercanas al poder envueltas en sospechas judiciales. Incluso medios internacionales remarcan esa contradicción entre la narrativa oficial y los escándalos que golpean al Gobierno. La Argentina atraviesa una crisis económica profunda. Eso es indiscutible.
Pero ninguna crisis debería naturalizar la pérdida de sensibilidad. Ningún ajuste debería convertir al trabajador en culpable por definición mientras el poder se rodea de blindajes. Porque cuando un gobierno encuentra tiempo y energía para defender funcionarios investigados, pero no para proteger a trabajadores honestos despedidos, deja de hablar solamente de economía. Empieza a hablar de humanidad.
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