Arroyo Salgado volvió a apuntar a una trama de inteligencia detrás de la muerte de Nisman. A más de once años de la muerte del fiscal Alberto Nisman, el caso volvió a ocupar el centro de la escena política y judicial argentina tras las recientes declaraciones de la jueza federal Sandra Arroyo Salgado, ex esposa del fiscal y querellante en la causa.
Durante una exposición pública en el Rotary Club de Buenos Aires, Arroyo Salgado sostuvo una hipótesis explosiva: afirmó que detrás de la muerte de Nisman existirían vínculos con sectores de inteligencia relacionados con desarrollos en Río Turbio y conexiones con funcionarios del actual gobierno nacional. Las declaraciones reavivaron uno de los casos más sensibles y controvertidos de la historia reciente argentina.
Nisman apareció muerto el 18 de enero de 2015 en el baño de su departamento, pocos días después de denunciar a la entonces presidenta Cristina Fernández de Kirchner por presunto encubrimiento en la causa AMIA a través del Memorándum con Irán. Desde entonces, el expediente quedó atrapado entre hipótesis cruzadas, pericias contradictorias y fuertes implicancias políticas.
Arroyo Salgado insiste desde hace años en que no se trató de un suicidio sino de un homicidio directamente vinculado al trabajo que Nisman realizaba como investigador del atentado contra la AMIA. En enero de este año volvió a sostener públicamente que “fue un asesinato vinculado a su función de investigador del atentado a la AMIA”, remarcando que, a su entender, la Justicia ya determinó que hubo intervención de terceros.
En sus recientes declaraciones, la magistrada dio un paso más allá al sugerir que algunos de los posibles partícipes tendrían conexiones actuales con estructuras de inteligencia ligadas a Yacimientos Carboníferos Río Turbio y con funcionarios nacionales. Sin embargo, no brindó nombres ni precisiones adicionales.
La hipótesis vuelve a colocar bajo sospecha el papel de los servicios de inteligencia en el caso. De hecho, una de las líneas investigativas históricas gira alrededor de una posible interna entre distintos sectores de espionaje que operaban en aquellos años. En ese contexto reaparece constantemente la figura del ex espía Antonio Stiuso, hombre de confianza de Nisman y pieza clave en las investigaciones vinculadas al atentado contra la AMIA.
La causa judicial continúa abierta y aún no llegó a juicio oral. El técnico informático Diego Lagomarsino permanece procesado como partícipe necesario por haber entregado el arma utilizada en el hecho, aunque él sostiene desde el comienzo que Nisman se quitó la vida.
Mientras tanto, el expediente sigue dividido entre quienes sostienen la teoría del asesinato y quienes consideran que todavía no existen pruebas concluyentes para cerrar definitivamente el caso. Las pericias oficiales y las realizadas por especialistas de parte alimentaron durante años interpretaciones opuestas sobre la escena de la muerte, la posición del cuerpo, la presencia o ausencia de restos de pólvora y el rol de terceros.
Más allá de las diferencias judiciales, el caso Nisman se transformó en una herida abierta de la democracia argentina. Para una parte de la sociedad representa el símbolo de las zonas oscuras del poder, los servicios de inteligencia y las disputas políticas más profundas del país. Para otra, es también el reflejo de una investigación marcada por filtraciones, especulaciones y utilización política.
Las recientes palabras de Arroyo Salgado no solo volvieron a instalar el debate sobre qué ocurrió aquella noche de enero de 2015. También dejaron en evidencia que, más de una década después, la muerte de Nisman continúa siendo uno de los grandes enigmas irresueltos de la Argentina contemporánea.
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