Una mujer que logró escapar de la Colonia Menonita “Nueva Esperanza”, ubicada en cercanías de Guatraché, denunció haber sido víctima durante años de un régimen de violencia, sometimiento y privación de derechos dentro de la comunidad. Según publicó el Diario La Pampa, la presentación judicial ya se encuentra en manos de la Justicia pampeana y plantea la necesidad de una intervención urgente.
La denunciante, identificada como María Unger Reimer, logró huir del predio tras aprovechar un descuido en la estricta vigilancia interna. Actualmente se encuentra fuera de la provincia, bajo resguardo. De acuerdo con su testimonio, la vida dentro de la colonia estaría regida por normas internas que, en la práctica, anularían derechos constitucionales básicos.
Siempre según la información publicada por Diario La Pampa, la mujer describió un esquema de control basado en la vigilancia constante, el castigo físico y el aislamiento para quienes intentan cuestionar las reglas internas. En su relato, habló de un sistema que impide a las mujeres acceder a educación formal, atención médica independiente, autonomía económica o contacto libre con el exterior.
La denuncia sostiene que dentro del predio —de aproximadamente 40 mil hectáreas— las mujeres tendrían prohibido hablar español, manejar dinero propio o utilizar tecnología, dependiendo exclusivamente de las decisiones de los líderes comunitarios.
El escape, explicó la víctima, no fue planificado sino una reacción ante una situación límite. Salir de la colonia, según su testimonio, implica la ruptura total con la familia y los hijos, ya que no existiría un mecanismo de retiro voluntario.
La abogada Karina Lucía Álvarez Mendiara, quien representa a la denunciante, presentó una acción formal ante la Justicia de General Acha. En la exposición se detallan presuntos hechos que podrían encuadrarse en delitos como violencia de género, reducción a la servidumbre y posibles situaciones de trata de personas. La fiscalía analiza los testimonios y evalúa los pasos a seguir en un caso que supone el desafío de intervenir en una comunidad históricamente hermética y con escaso contacto con el exterior.
El caso reabre el debate sobre los límites entre la libertad religiosa, la autonomía comunitaria y la vigencia plena de las leyes nacionales. La denuncia plantea que, dentro de la colonia, el ejercicio efectivo de derechos fundamentales podría estar restringido por normas internas que no se ajustan al marco legal argentino.
Mientras la investigación avanza, el testimonio de la mujer expone una realidad que hasta ahora permanecía en silencio. La Justicia deberá determinar si los hechos denunciados configuran delitos y, en su caso, qué medidas corresponden adoptar para garantizar la protección de posibles víctimas y el cumplimiento de la ley.
