Intendentes de todo el país rechazan la reforma laboral y alertan por un fuerte retroceso en derechos. Más de 500 intendentes de todo el país manifestaron un rechazo categórico a la reforma laboral impulsada por el Gobierno nacional y advirtieron que la iniciativa no generará empleo, sino que profundizará la precarización del trabajo y acelerará los despidos.
La postura fue expresada a través de un comunicado oficial de la Federación Argentina de Municipios (FAM), en el marco de las gestiones del Ejecutivo para avanzar con el proyecto durante las sesiones extraordinarias del Congreso.
La entidad, presidida por el intendente de La Matanza, Fernando Espinoza, cuestionó con dureza el contenido de la propuesta y sostuvo que lejos de representar una modernización del sistema laboral, implica un retroceso histórico con graves consecuencias sociales, económicas y laborales.
Desde la FAM señalaron que el proyecto oficial “no es nuevo en la Argentina” y advirtieron que sus efectos ya fueron experimentados en el pasado. “No genera empleo, acelera despidos, denigra las relaciones laborales y afecta directamente las posibilidades de que las provincias y los municipios puedan garantizar el bien común y cubrir necesidades que el mercado no atiende”, expresaron los jefes comunales.
En ese marco, recordaron la experiencia de la denominada “Ley Banelco”, impulsada hace 25 años durante el gobierno de la Alianza. “Fue presentada como modernizadora y terminó destruyendo empleo genuino, precarizando el trabajo existente y demorando años la recuperación del mercado laboral”, señalaron, evocando además las denuncias por sobornos que rodearon su sanción.
El comunicado advierte que la reforma impulsada por la gestión de Javier Milei se inscribe en un proceso de deterioro social más amplio. Según la FAM, la iniciativa provocará una caída de los salarios, un debilitamiento extremo de la relación laboral y la implementación de esquemas de contratación más frágiles.
Entre las consecuencias previstas, los intendentes mencionaron la reducción de indemnizaciones, la extensión de las jornadas laborales, semanas de hasta seis días de trabajo y vacaciones limitadas a una sola semana anual, “casi nunca en verano”. “Sin eufemismos, esta iniciativa implica retroceder cien años en materia de derechos laborales”, afirmaron.
Los jefes comunales también advirtieron sobre el impacto económico general de la reforma. “A menor masa salarial formal, hay menos consumo estable y mayor precariedad, lo que termina afectando a toda la actividad económica”, señalaron.
Asimismo, alertaron que el proyecto propone modificaciones en la estructura tributaria que sostienen el federalismo, y cuestionaron la promoción de beneficios sociales no remunerativos, sin aportes ni contribuciones. Según explicaron, estas medidas reducirían la base jubilatoria y afectarían el acceso a derechos básicos, como la cobertura de medicamentos.
A modo de cierre, los intendentes reafirmaron su rechazo y anticiparon que se opondrán a la reforma por todas las vías democráticas. “Vamos a utilizar todas las herramientas institucionales para defender la justicia social y los derechos conquistados, aun cuando el presidente diga despreciarlos”, concluyeron desde la Federación Argentina de Municipios.
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