Un nuevo proyecto de ley ingresó a la Legislatura bonaerense con el objetivo de ponerle un tope a los sueldos de intendentes y concejales de los 135 municipios de la provincia. La iniciativa propone modificar artículos clave de la Ley Orgánica de las Municipalidades para terminar con las notorias desigualdades salariales y establecer un marco más equitativo y transparente.
El proyecto plantea que los jefes comunales no puedan ganar más que el gobernador de la provincia, y que los concejales tengan dietas que no superen el salario de un legislador bonaerense. Actualmente, la normativa vigente deja en manos de cada municipio la determinación de los haberes, lo que genera amplias diferencias entre distritos y, en algunos casos, sueldos que superan incluso los del presidente de la Nación.
Escala unificada y topes máximos
La propuesta establece nuevas escalas salariales vinculadas al sueldo mínimo del personal administrativo municipal. En el caso de los intendentes, se propone un rango que irá desde 10 sueldos mínimos hasta un máximo equivalente al salario del gobernador.
Para los concejales, las dietas estarán limitadas según la cantidad de ediles por distrito, con un techo de entre 2,5 y 5 sueldos mínimos. Además, ningún concejal podrá cobrar más que un diputado o senador provincial.
El texto también contempla una compensación no remunerativa para aquellos concejales que decidan renunciar a su dieta, equivalente a dos tercios del monto que les correspondería, sin aportes ni aguinaldo.
Más control sobre los gastos
Otro punto destacado del proyecto es la regulación de los gastos de representación. Si bien se autoriza a los municipios a mantener una partida para este fin, la nueva norma exige que ese dinero no se unifique con el sueldo del intendente y que esté sujeto a rendición de cuentas, algo que hoy no ocurre.
Transparencia y equidad
La autora del proyecto, la diputada Natalia Dziakowski, sostiene que la propuesta busca dar respuesta a una demanda social creciente: terminar con los privilegios en la política y garantizar una administración más justa. En los fundamentos, se remarca la necesidad de alinear las responsabilidades institucionales con remuneraciones razonables y evitar casos de sueldos desproporcionados.
El proyecto abre el debate sobre los límites de la autonomía municipal frente a la regulación provincial, en un contexto donde la ciudadanía exige mayor control y coherencia en el uso de los recursos públicos.
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