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Tren Bs. As. – B. Bca. y la anatomía de un abandono que genera vergüenza

El afiche prometía unir Buenos Aires con Bahía Blanca en siete horas y remataba con una consigna que hoy incomoda: «Mejor que decir es hacer». Aquella publicidad del Ferrocarril Nacional General Roca no retrata los orígenes del tren, sino una etapa posterior. Pero su contraste con el presente es demoledor: donde se ofrecía velocidad, hoy queda una espera sin fecha y una región obligada a naturalizar la pérdida.

La precisión histórica importa: el ferrocarril llegó a Bahía Blanca en 1884, no hace noventa años. El archivo municipal ubica allí la construcción de la estación Sud y su posterior ampliación entre 1909 y 1911. Confundir el nacimiento del servicio con la época de un anuncio debilita una denuncia legítima. La decadencia resulta todavía más grave cuando se reconoce la profundidad de la historia que se está desarmando.

La distancia entre aquella promesa y el final operativo no es solamente una metáfora. En octubre de 2025, La Nación recogió el testimonio del aficionado ferroviario Ariel Scolari: en el último tiempo, el viaje demandaba diecinueve horas y apenas había dos servicios semanales. No es una serie estadística, pero sí una descripción atribuida del retroceso: viajar dejó de ser una alternativa competitiva antes de dejar de ser posible.

Las privatizaciones merecen una crítica documentada, no una condena penal improvisada. En 2021, el Ministerio de Transporte evaluó que casi treinta años de concesiones de cargas dejaban un balance negativo en infraestructura, velocidades y ramales perdidos. Esa conclusión compromete el modelo y sus controles. Hablar de fraude exige pruebas específicas; señalar el fracaso de las obligaciones asumidas tiene respaldo documental.

El Estado tampoco puede presentarse como un espectador inocente. Un pedido de informes parlamentario de 2016 citó auditorías de 2010 a 2013 que describían como crítico el estado de Ferrobaires y como deficientes las vías y el material rodante. El deterioro precedía a su suspensión. La responsabilidad política no empieza el día del cierre: incluye los años durante los cuales se administró una precariedad conocida sin revertirla.

En junio de 2016, después del choque de Rawson, María Eugenia Vidal suspendió los servicios de Ferrobaires. El decreto provincial 1100 E/2017 dispuso su supresión desde el 15 de marzo de 2018, tras la reversión de concesiones a la Nación. No fue el final inmediato de todos los trenes bonaerenses, pero sí la desaparición del operador provincial. Confundir ambas cosas oculta cuáles recorridos continuaron y cuáles quedaron afuera.

El servicio nacional a Bahía Blanca siguió hasta marzo de 2023, cuando otro descarrilamiento, esta vez en Olavarría, interrumpió la circulación. La suspensión comenzó durante la presidencia de Alberto Fernández y persistió bajo Javier Milei. Esa secuencia impide repartir responsabilidades según conveniencias partidarias: una gestión dejó el tren detenido y la siguiente no lo restituyó. La continuidad fue la de la ausencia.

También conviene distinguir desaparición de hecho y clausura definitiva. En octubre de 2025, Trenes Argentinos confirmó a La Nación una suspensión por tiempo indefinido, sin cierre formal del servicio. En 2026, un proyecto de la diputada María Elena Velázquez volvió a reclamar informes y un plan de reanudación. El abandono es concreto; declarar jurídicamente irreversible el final, con estas fuentes, sería ir más allá de lo probado.

El conflicto de intereses aparece con claridad cuando el pasajero depende de una infraestructura administrada para las cargas. Según Trenes Argentinos, el regreso requería la aprobación de Ferroexpreso Pampeano sobre los tramos a su cargo. El problema no se resuelve enfrentando mercancías y personas: exige que el Estado haga compatibles ambos usos y explique quién debe invertir, cuánto necesita y por qué no se ejecutan las obras.

Que otros transportes puedan captar los viajes perdidos no demuestra que hayan organizado el derrumbe. Las fuentes consultadas no prueban una conspiración de empresas de micros, camiones o automotrices. La crítica más sólida apunta a lo verificable: concesiones cuestionadas, controles insuficientes y decisiones que prolongaron el vacío. Los intereses económicos deben investigarse con contratos y cifras, no reemplazarse por sospechas.

Para Coronel Suárez, Pigüé, Saavedra o Tornquist, la ausencia no es una discusión abstracta sobre balances ferroviarios: desapareció una conexión directa con Buenos Aires. El proyecto parlamentario de 2026 advierte sobre menores posibilidades de movilidad y mayor desigualdad territorial. Medir el servicio únicamente por su caja deja fuera el costo que asumen quienes necesitan estudiar, atender su salud o sostener vínculos familiares.

La seguridad exige impedir que un tren circule en condiciones peligrosas; no debería convertirse en una coartada sin vencimiento para dejarlo morir. El pedido de informes de 2026 reclama diagnósticos, inversiones y plazos. Allí empieza una reparación política posible: explicar el deterioro y asumir obligaciones verificables. Frente al viejo afiche, la pregunta ya no es cuánto tardaba el viaje, sino cuánto durará la renuncia a recuperarlo.

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