El Gobierno envió a la Cámara de Diputados la “Ley de Competitividad Financiera”, un proyecto ómnibus impulsado por el Ministerio de Desregulación y Transformación del Estado, a cargo de Federico Sturzenegger. La iniciativa ya tiene estado parlamentario y fue girada a las comisiones de Legislación General, PyMEs, Finanzas y Presupuesto y Hacienda.
El texto contiene más de 225 artículos —algunas versiones hablan de 240— y modifica más de veinte leyes y decretos. Alcance el Código Civil y Comercial, la Ley de Mercado de Capitales, los regímenes de prenda con registro, warrants, cheques, tarjetas de crédito, financiamiento productivo y el Impuesto a las Ganancias.
Según los fundamentos oficiales, el objetivo es eliminar “restricciones injustificadas” que dificultan actividades económicas y profesionales, promover la libre competencia, mejorar la eficiencia de los mercados y reforzar la seguridad jurídica y la libertad económica. El Gobierno sostiene que la reforma reducirá costos de transacción, ampliará el crédito y facilitará la inversión productiva.
Para empresas y PyMEs, el proyecto busca ampliar las fuentes de financiamiento. Habilita la negociación secundaria de plazos fijos de al menos 365 días, convierte los cupones de tarjetas de crédito en títulos endosables para anticipar cobros y extiende de 15 a 21 días la aceptación tácita de facturas de crédito electrónicas.
También incorpora la “neutralidad tecnológica”: permite emitir, registrar y transferir valores mediante sistemas de registros distribuidos, como blockchain. Esto abriría la puerta a la tokenización de acciones, obligaciones negociables, cuotapartes de fondos y certificados de fideicomisos, con la posibilidad de reducir costos operativos y ampliar el acceso al mercado.
En materia de garantías, se habilitaría usar como respaldo de préstamos activos digitales, software, participaciones societarias, créditos futuros y otros bienes intangibles. Para el Gobierno, esa ampliación puede destrabar crédito para sectores que hoy carecen de garantías tradicionales, como inmuebles o maquinaria.
El principal punto de conflicto fue un artículo que proponía gravar con Impuesto a las Ganancias la venta de Cedears. Hoy esos certificados tienen la misma exención que las acciones argentinas; la medida habría afectado directamente a pequeños y medianos ahorristas que usan ese instrumento para invertir en activos del exterior.
Tras las críticas del mercado y de sectores cercanos al oficialismo, el Gobierno anunció que retirará ese apartado, al que calificó como un “borrador viejo”. Aun así, el episodio evidenció la sensibilidad fiscal de la reforma y la preocupación por eventuales cambios en la tributación de la renta financiera.
La oposición también advirtió riesgos. El jefe del bloque de Unión por la Patria en Diputados, Germán Martínez, anticipó rechazo y sostuvo que el proyecto podría esconder un nuevo impuesto a la renta financiera. Además, la magnitud de la reforma —más de 225 artículos y cambios en normas civiles, comerciales, financieras y tributarias— plantea un desafío de control legislativo y evaluación de impactos.
Si se aprueba, el efecto inmediato más visible podría ser una mayor oferta de instrumentos financieros y nuevas formas de obtener crédito, especialmente para PyMEs, productores agropecuarios y empresas con activos intangibles. La tokenización y la digitalización de títulos también podrían abaratar operaciones y facilitar el acceso de inversores minoristas al mercado de capitales.
Sin embargo, los beneficios no son automáticos: dependerán de la implementación regulatoria, de la confianza de los inversores y de que la ampliación del crédito no se traduzca en mayor endeudamiento o concentración financiera. Por ahora, el proyecto no está vigente: debe ser debatido y sancionado por el Congreso, por lo que sus alcances finales pueden cambiar sustancialmente.
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