La imagen es elocuente: un cartel naranja anuncia “banquina inestable”. La escena, en soledad sobre la Ruta Nacional 33, parece más una advertencia tardía que una solución concreta. Porque detrás de esa señalización hay una realidad mucho más cruda: en ese mismo tramo, a la altura del kilómetro 213, dos accidentes recientes dejaron un saldo de múltiples víctimas fatales y una comunidad golpeada por la tragedia.
En las últimas semanas, el sector conocido como la “Bajada de Álamos”, en jurisdicción de Guaminí, se convirtió en un punto crítico. Dos choques violentos, ocurridos con pocos días de diferencia, provocaron la muerte de al menos seis personas, en episodios que expusieron nuevamente el deterioro y la peligrosidad de este tramo de la ruta . Incluso, a escasa distancia entre sí, se registraron colisiones similares, lo que refuerza la idea de un verdadero “punto negro” vial donde el riesgo no es circunstancial sino estructural .
Frente a este escenario, la respuesta de Dirección Nacional de Vialidad parece, como mínimo, insuficiente. La colocación de carteles preventivos puede interpretarse como una medida de concientización, pero también como una forma de trasladar la responsabilidad al conductor, sin atacar el problema de fondo. Porque lo que reclaman vecinos y usuarios frecuentes no es una advertencia: es una intervención concreta.
La ausencia de trabajos visibles en las banquinas —señaladas como uno de los factores clave en los siniestros— expone una contradicción evidente. Si el propio Estado reconoce el peligro …
… al instalar señalética, ¿por qué no actúa sobre la causa? La lógica preventiva queda incompleta cuando no se traduce en obras reales: ensanche, estabilización del terreno, mejoras en la calzada o rediseño del tramo.
La Ruta Nacional 33 es un corredor clave que conecta regiones productivas y sostiene un tránsito constante de vehículos particulares y transporte pesado. No se trata de un camino secundario, sino de una arteria estratégica cuya seguridad debería ser prioritaria. Sin embargo, los hechos recientes parecen demostrar lo contrario. Más aún, este caso se inscribe en un contexto más amplio de deterioro de la infraestructura vial.
La falta de inversión sostenida, sumada a decisiones estructurales sobre el sistema de mantenimiento, ha generado crecientes cuestionamientos sobre el estado de las rutas nacionales y su impacto en la siniestralidad. El problema, entonces, no es el cartel. El problema es que el cartel llega después de la tragedia, y no antes. Que advierte, pero no evita. Que reconoce el riesgo, pero no lo corrige.
Mientras tanto, quienes transitan a diario por ese tramo siguen enfrentando la misma amenaza: una ruta que ya se cobró vidas y que, sin soluciones de fondo, continúa siendo un peligro latente. La pregunta es inevitable: ¿cuántas señales más harán falta antes de que lleguen las obras?
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