Reforma en salud mental busca agilizar internaciones y redefinir rol de psiquiátricos. En una apuesta por transformar de raíz el sistema de atención psiquiátrica en el país, el Poder Ejecutivo anunció el envío al Congreso de un ambicioso proyecto de reforma de la Ley Nacional de Salud Mental (N° 26.657). La iniciativa, que se debatirá en las próximas semanas, surge como respuesta a lo que las autoridades califican como un “vacío operativo” que durante años dificultó el abordaje de crisis agudas y adicciones.
El corazón de la propuesta apunta a flexibilizar los protocolos de intervención y devolverle un rol central a las instituciones especializadas, un giro de 180 grados respecto al espíritu de la normativa sancionada en 2010. El cambio más sensible y esperado por las asociaciones de familiares es la modificación de los criterios para la internación involuntaria. Bajo la ley vigente, un profesional solo podía ordenar una internación sin consentimiento si existía un peligro inmediato para la vida. Con el nuevo texto, se introduce la figura de “situación de riesgo de daño”.
Esto permitiría a los equipos médicos intervenir cuando existan signos de deterioro físico o psíquico que, de no ser tratados, deriven en una tragedia, aunque el peligro no sea “inminente”. “No podemos esperar a que alguien esté al borde del abismo para tenderle la mano. El Estado debe poder intervenir preventivamente cuando la persona ya no tiene control sobre su integridad”, señalaron fuentes del Ministerio de Salud. Otro de los puntos de fricción es el destino de los hospitales psiquiátricos tradicionales.
Mientras que la ley anterior ordenaba su sustitución total por hospitales generales, el nuevo proyecto propone un sistema de red mixta:
Hospitales Generales: Destinados al tratamiento de cuadros leves, consultas ambulatorias y desintoxicaciones breves.
Centros Especializados: Se mantendrán y fortalecerán para pacientes con patologías crónicas o graves que requieran infraestructura de alta complejidad y seguridad, la cual suele saturar a las guardias generales.
La reforma también busca unificar el lenguaje médico. El proyecto propone abandonar el concepto subjetivo de “padecimiento mental” para adoptar de forma obligatoria la Clasificación Internacional de Enfermedades (CIE) de la Organización Mundial de la Salud. Esta medida busca que los diagnósticos sean precisos y científicos, evitando interpretaciones legales que, según algunos sectores, “judicializaban la medicina” y demoraban los tratamientos adecuados.
Finalmente, la ley busca dar mayor peso a la opinión de los familiares y cuidadores, quienes a menudo se encontraban excluidos de la toma de decisiones por el estricto secreto profesional o la autonomía excesiva del paciente en crisis. Asimismo, se propone que el SEDRONAR y el Ministerio de Salud tengan un control más directo sobre el Órgano de Revisión, el ente encargado de supervisar las internaciones, con el fin de garantizar que los derechos humanos se respeten sin que ello impida el acceso a la salud.
La presentación del proyecto ya ha generado reacciones contrapuestas. Mientras gremios médicos y padres de pacientes con adicciones celebran la “vuelta al sentido común”, organismos de derechos humanos advierten sobre el peligro de un retorno al modelo de aislamiento. El debate en las comisiones de Salud y Legislación General promete ser uno de los más intensos del año legislativo, con el desafío de encontrar un equilibrio entre la libertad individual y el derecho efectivo a la asistencia médica.
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