Un fallo judicial de fuerte impacto ordenó a la Municipalidad de Daireaux devolver dinero a productores rurales por el cobro irregular de la tasa vial, al considerar que no hubo una prestación efectiva del servicio en los términos exigidos.
La sentencia fue dictada por el juez Pablo Cristian Germain, del Juzgado Contencioso Administrativo N°1 de Trenque Lauquen, quien dispuso la reliquidación de lo cobrado tras detectar desvíos de fondos: un 22,95% en 2022 y un 27,88% en 2023 fueron destinados a gastos ajenos al mantenimiento de caminos rurales.
El magistrado fue contundente: cobrar una tasa sin la correspondiente prestación afecta el derecho de propiedad de los contribuyentes. Además, declaró la nulidad de actos administrativos firmados durante la gestión del exintendente Alejandro Acerbo, al considerar ilegítimo el esquema aplicado en esos años.
La causa se originó por una demanda de productores agropecuarios que cuestionaron el cobro entre 2022 y 2024. En algunos casos, la Justicia determinó la nulidad total de la tasa por falta absoluta de mantenimiento en los caminos.
El fallo se apoyó en informes técnicos contundentes: Un estudio de ingeniería determinó que el 96% de la red vial presenta deficiencias, con problemas de transitabilidad, acumulación de agua y huellas profundas.
Una pericia contable confirmó una desproporción entre lo recaudado y lo invertido, con fondos derivados a rentas generales, lo que contradice el destino específico del tributo.
También se señaló que el parque de maquinaria municipal es obsoleto e insuficiente. La sentencia alcanza a cuatro demandantes en esta instancia, pero existen al menos otros tres juicios en trámite que podrían resolverse en el mismo sentido, ampliando el impacto económico y político.
Desde el gobierno que encabeza María Serra aclararon que el fallo no está firme y será apelado. En un comunicado, el municipio cuestionó el criterio judicial al sostener que no es posible exigir una relación directa entre lo que paga cada contribuyente y una prestación individual.
Ello ya que los servicios públicos son “generales, continuos y organizados en función del interés colectivo”. Además, aseguraron que el servicio vial se presta de manera regular, dentro de las posibilidades operativas y las características del territorio.
El fallo reabre una discusión de fondo: hasta qué punto los municipios pueden sostener tasas específicas cuando los servicios no se reflejan de manera concreta en el territorio. Un tema que, a partir de este caso, podría escalar a otros distritos bonaerenses.
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