Un reciente informe del Instituto de Estudios sobre Estado y Participación (IDEP), vinculado a ATE bonaerense, volvió a poner cifras concretas a una sensación cada vez más extendida en la sociedad: vivir cuesta mucho más, pero los ingresos no acompañan. El estudio, que analiza el período comprendido entre diciembre de 2023 —tras la asunción de Javier Milei— y marzo de 2026, expone un deterioro marcado del poder adquisitivo, con aumentos en servicios esenciales que superan ampliamente la evolución de los salarios.
Los números son contundentes. Mientras los ingresos crecieron entre un 170% y un 191% en el período analizado, las tarifas de servicios básicos registraron incrementos de hasta el 605%, muy por encima incluso de la inflación general, que se ubicó en torno al 201%. El informe pone el foco en un cambio profundo en la estructura del gasto familiar: los servicios dejaron de ser un componente más del presupuesto para convertirse en un factor determinante de exclusión económica.
Electricidad, gas y combustibles encabezaron las subas, pero no fueron los únicos. Los alquileres aumentaron un 536% y el transporte público un 441%, configurando un escenario donde el costo de sostener una vida básica se disparó a niveles difíciles de afrontar. Más allá de los porcentajes, el dato más elocuente surge al analizar cómo estos aumentos afectan a una familia tipo. En un caso testigo relevado en La Plata, una vivienda de 55 metros cuadrados pasó de costar $180.000 a $610.000 en alquiler, mientras que las facturas de servicios registraron subas de hasta el 651% en electricidad.
El resultado es claro: cada vez se necesita una mayor porción del salario solo para cubrir lo esencial. Un trabajador administrativo, por ejemplo, pasó de destinar el 56% de su ingreso al alquiler en 2023 a un 70% en 2026. Pero el problema no se limita a la vivienda.
La incidencia de los servicios públicos sobre los salarios también creció de forma significativa. En algunos casos, el peso de luz, gas y agua prácticamente se duplicó, reduciendo aún más el margen disponible para alimentación, salud o educación.
El dato más crítico del informe es quizás el que revela el límite del sistema: hay sectores donde el salario ya no cubre los gastos básicos. En el caso de trabajadores auxiliares de educación, el conjunto de erogaciones esenciales alcanza el 118% del ingreso. Es decir, incluso destinando todo el sueldo, no logran cubrir el costo de vida. La consecuencia inmediata es el endeudamiento, la búsqueda de ingresos adicionales o, en el peor de los casos, la resignación de necesidades básicas.
El documento plantea un punto central: la pérdida del poder adquisitivo no puede explicarse únicamente por la dinámica salarial. Por el contrario, responde a un esquema económico más amplio, donde la reducción de subsidios y la recomposición tarifaria trasladaron de forma acelerada los costos al usuario. Desde el Gobierno nacional se ha defendido esta política como parte de un proceso de ordenamiento macroeconómico. Sin embargo, el informe advierte que ese reacomodamiento tuvo un impacto directo y profundo en la calidad de vida de los trabajadores, especialmente en la provincia de Buenos Aires.
Más allá de las cifras, lo que emerge es una discusión de fondo: quién paga el costo del ajuste. Mientras las variables macroeconómicas buscan estabilizarse, millones de hogares enfrentan un escenario donde el salario pierde capacidad frente a gastos que no se pueden evitar. El informe del IDEP no solo describe una realidad; también interpela. Porque detrás de cada porcentaje hay decisiones políticas, prioridades económicas y, sobre todo, vidas cotidianas que se reconfiguran en función de un dato cada vez más evidente: trabajar ya no garantiza llegar a fin de mes.
