El precio de los combustibles volvió a escalar en marzo en la Argentina, en un contexto marcado por la volatilidad internacional del petróleo a raíz del conflicto en Medio Oriente. Sin embargo, detrás de la suba cercana al 20% que se refleja en los surtidores, emerge un dato clave: una porción significativa del precio final no responde al mercado global, sino a la estructura impositiva local.
Cuando el barril de petróleo Brent superó los USD 100 impulsado por la tensión geopolítica, el impacto se trasladó rápidamente a los precios internos. En algunos surtidores, el litro de nafta llegó a rozar los $2.000, acumulando incrementos del 19% en lo que va del mes. Pero lo que ocurre en la Argentina no puede explicarse únicamente por el precio internacional.
Según datos relevados por consultoras privadas, cerca del 46,6% del valor final que paga el consumidor corresponde a impuestos. De ese total, el 41,5% va al Estado nacional, el 3% a las provincias y el 2,1% a los municipios. Esto explica por qué las subas suelen trasladarse con rapidez, mientras que las bajas internacionales no siempre se reflejan en el surtidor con la misma velocidad.
Sobre un litro de nafta con un valor cercano a los $2.000, alrededor de $365 corresponden a impuestos. Dentro de ese esquema, el IVA representa la mayor parte, con más de $340 por litro, mientras que los impuestos específicos a los combustibles aportan una porción menor pero igualmente significativa.
Estos recursos se distribuyen entre distintos organismos del Estado: desde el Tesoro Nacional hasta la ANSES, pasando por fondos destinados a infraestructura hídrica, vivienda (FONAVI) y obras viales. De hecho, cerca del 60% de estos fondos tiene como destino el mantenimiento y desarrollo de rutas.
El aumento de los combustibles no solo afecta al bolsillo de quienes cargan nafta. También tiene un efecto directo sobre la inflación. En la estructura del Índice de Precios al Consumidor (IPC), naftas y gasoil representan cerca del 3,8%.
Esto implica que una suba del 10% en los surtidores puede sumar alrededor de 0,38 puntos porcentuales al índice general. Pero el impacto no termina ahí: el encarecimiento del transporte y la logística se traslada a toda la economía, presionando sobre los precios de bienes y servicios.
Desde YPF, que concentra más del 55% del mercado, aseguran que los aumentos responden al mayor costo de refinación vinculado a la compra de crudo a precios internacionales. Su CEO, Horacio Marín, sostuvo que se trata de un “ajuste transitorio” y remarcó que, en comparación con otros países, los incrementos locales han sido más moderados.
No obstante, en el sector reconocen que el precio final no depende únicamente del valor del petróleo. También inciden factores como el tipo de cambio y, especialmente, la política impositiva, donde los tributos a los combustibles funcionan como una herramienta fiscal clave.
El comportamiento del crudo internacional muestra una fuerte volatilidad. Al inicio del conflicto en Medio Oriente, el barril se ubicaba en torno a los USD 72, llegó a rozar los USD 120 y actualmente oscila entre los USD 85 y 86. Ese “serrucho” del Brent responde a factores como cierres de rutas estratégicas, tensiones geopolíticas y la demanda global de energía.
En la Argentina, la traducción de esos movimientos al precio final depende en gran medida de YPF, que lidera el mercado, seguida por otras compañías como Shell, Axion Energy y Puma Energy. El aumento de los combustibles vuelve a poner sobre la mesa una discusión de fondo: cuánto del precio responde al contexto internacional y cuánto a decisiones internas.
En un escenario donde la suba del petróleo parece moderarse, la atención se centra ahora en la carga impositiva y en la posibilidad —o no— de que una eventual baja del crudo se traslade al bolsillo de los consumidores. Por ahora, la sensación en los surtidores es clara: cuando el petróleo sube, el impacto es inmediato. Cuando baja, la espera suele ser más larga.
