El sistema eléctrico del interior bonaerense atraviesa un momento crítico. A partir de junio, unas 200 cooperativas deberán comenzar a afrontar el pago de una deuda millonaria con la CAMMESA, en un esquema de 72 cuotas que enciende luces de alarma en todo el sector. Dirigentes cooperativistas advierten que la situación es tan delicada que podría afectar no solo el funcionamiento de las entidades, sino también la prestación del servicio eléctrico en numerosas localidades del interior.
El inicio del plan de pagos, previsto entre junio y julio, marca el fin del período de gracia otorgado por el Gobierno nacional. Desde entonces, las cooperativas deberán comenzar a cancelar una deuda que, en conjunto, supera los 1.000 millones de dólares. El origen del pasivo se remonta a los años de tarifas congeladas, cuando muchas entidades no pudieron cubrir los costos de la energía adquirida.
Ahora, deberán saldar esos compromisos a lo largo de seis años, en un contexto económico que continúa siendo adverso. El acuerdo, establecido mediante el DNU 186/25, contempla hasta 12 meses de gracia y financiación a una tasa equivalente al 50% de la del Banco Nación. Sin embargo, para muchas cooperativas, incluso ese esquema resulta difícil de sostener.
Desde el sector, las advertencias son contundentes. Referentes de distintas cooperativas coinciden en que los márgenes son cada vez más ajustados y que el inicio de los pagos podría generar una fuerte presión sobre sus finanzas. Oreste Binetti, dirigente de la cooperativa de Luján, describió un panorama “muy difícil”, marcado por deudas acumuladas desde la pandemia.
“Venimos muy justos y no sabemos cómo vamos a afrontar las cuotas”, expresó. En la misma línea, Walter Vázquez, de la Usina Popular de Tandil, alertó …
… que muchas entidades podrían verse obligadas a frenar inversiones o incluso a endeudarse para poder cumplir con CAMMESA. El problema no es solo financiero.
Las cooperativas cumplen un rol clave en la distribución de energía en zonas donde las grandes empresas no llegan, especialmente en áreas rurales. La posibilidad de que deban recortar inversiones genera preocupación por el mantenimiento de las redes, la expansión del servicio y la calidad de la prestación. En algunos casos, incluso se teme por la sostenibilidad operativa.
Además, la situación se agrava por factores estructurales: altos niveles de morosidad entre los usuarios, conexiones irregulares y costos elevados en zonas de baja densidad poblacional. El peso de la deuda varía según cada localidad, pero los números reflejan la magnitud del problema. En Tandil, por ejemplo, la cooperativa enfrenta compromisos cercanos a los 18 mil millones de pesos, mientras que en Balcarce la cifra asciende a unos 22 mil millones.
En ciudades como Olavarría, a estos factores se suman condiciones particulares, como la extensión de la red rural y la situación de sectores productivos clave, como el de las canteras, que inciden directamente en la recaudación. Las cooperativas eléctricas son un eslabón fundamental en el entramado del interior bonaerense. No solo garantizan el acceso a la energía, sino que también cumplen un rol social en sus comunidades. Hoy, ese sistema enfrenta una encrucijada.
La necesidad de regularizar deudas convive con la dificultad de sostener el servicio en un contexto de alta fragilidad económica. El desafío hacia adelante será encontrar un equilibrio que permita cumplir con los compromisos sin poner en riesgo la prestación. Porque, detrás de los números, lo que está en juego es mucho más que una deuda: es el funcionamiento cotidiano de cientos de localidades.
