En una medida que impacta directamente en el funcionamiento del sector agroalimentario, el Servicio Nacional de Sanidad y Calidad Agroalimentaria resolvió eliminar la exigencia de habilitaciones municipales y provinciales en diversos trámites, con el objetivo de simplificar procesos y reducir la carga burocrática para productores y empresas.
La decisión fue oficializada a través de la Resolución 233/2026, publicada en el Boletín Oficial, y contempla la modificación y derogación de múltiples normativas que hasta ahora obligaban a acreditar permisos locales para obtener habilitaciones, registros o certificaciones vinculadas a actividades agropecuarias, sanitarias y comerciales.
Entre los cambios más significativos, se elimina la obligatoriedad de presentar habilitaciones municipales en trámites relacionados con el diagnóstico de anemia infecciosa equina, certificaciones sanitarias en establecimientos porcinos, tratamientos fitosanitarios de embalajes de madera, habilitación de terminales de carga, establecimientos avícolas, predios feriales y registros de productos veterinarios.
Además, la normativa introduce ajustes en algunos procedimientos específicos. Por ejemplo, en el caso de los establecimientos porcinos, se simplifican los requisitos …
… y se limita la exigencia a la inscripción en el Renspa. En tanto, las terminales de carga deberán acreditar documentación vinculada al régimen aduanero, en reemplazo de las habilitaciones locales.
La medida se inscribe dentro del proceso de desregulación impulsado por el Gobierno nacional, especialmente tras la implementación del DNU 70/2023, que promueve la eliminación de normativas consideradas redundantes o generadoras de sobrecostos para la actividad económica.
Desde el organismo se argumenta que la exigencia de habilitaciones municipales en trámites nacionales generaba superposición de requisitos y complicaciones operativas, en gran parte por la diversidad de criterios entre jurisdicciones.
No obstante, el Senasa aclaró que esta flexibilización administrativa no implica dejar de cumplir con las normativas locales: las condiciones de seguridad, salubridad y uso del suelo continúan bajo la órbita de provincias y municipios. La modificación, subrayan, apunta exclusivamente a agilizar los trámites ante el organismo nacional.
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