En un contexto de creciente preocupación social, grupos proteccionistas y vecinos de Coronel Suárez difundieron un duro comunicado en el que alertan sobre la “urgencia sanitaria” que atraviesa el distrito ante la interrupción o insuficiencia de las campañas de castración de perros y gatos.
El documento, fechado el 13 de marzo, advierte que la falta de políticas sostenidas de control poblacional animal no solo agrava el abandono, sino que también impacta directamente en la salud pública. “Sin castraciones no hay salud pública”, sintetiza el eje central del reclamo, que apunta a la necesidad de retomar de manera inmediata un servicio considerado esencial.
Un problema que crece en las calles
Según los firmantes, la ausencia o irregularidad de las campañas de esterilización ya está generando consecuencias visibles en distintos barrios. Entre ellas, destacan el aumento de animales en situación de calle, lo que eleva el riesgo de accidentes de tránsito y potenciales ataques.
A esto se suma el colapso de las organizaciones proteccionistas, que aseguran no poder dar respuesta a la creciente cantidad de camadas no deseadas. “Los voluntarios ya no pueden dar abasto”, advierten, en un escenario donde la demanda supera ampliamente las posibilidades de contención.
El comunicado también hace hincapié en el riesgo sanitario que implica la falta de control poblacional, señalando que la proliferación de animales sin atención adecuada puede derivar en problemas de higiene y en la propagación de enfermedades zoonóticas.
Denuncias sobre la perrera municipal
Uno de los puntos más críticos del documento es la situación de la perrera municipal, donde los vecinos denuncian un “abandono institucional absoluto”. En ese sentido, aseguran que los animales allí alojados no cuentan con la atención veterinaria necesaria, y que muchos presentan heridas o no están castrados.
Además, el texto menciona la existencia de “desapariciones injustificadas” de animales dentro del predio, una situación que califican como alarmante y que, según sostienen, no ha recibido explicaciones oficiales.
Reclamo directo a las autoridades
El comunicado incluye un pedido explícito al intendente Ricardo Alejo Moccero, a quien le solicitan la regularización inmediata de las jornadas de castración, garantizando un servicio continuo, accesible y descentralizado.
Asimismo, los proteccionistas apuntan contra el responsable del área, Juan Pablo Eberle, exigiendo mayores controles sobre el cumplimiento de las tareas por parte del equipo veterinario municipal.
“No es un favor, es una obligación”
En el cierre, los vecinos remarcan que la castración masiva no debe ser entendida como una política opcional, sino como una obligación legal y sanitaria del Estado. “Es una inversión que ahorra costos futuros en salud y seguridad”, sostienen, al tiempo que reclaman respuestas urgentes ante una problemática que, aseguran, “ya desbordó a toda la comunidad”.
El planteo deja expuesta una tensión creciente entre la sociedad civil y el municipio, en un tema sensible que combina bienestar animal, salud pública y gestión estatal. Mientras tanto, la demanda es clara: acciones inmediatas para evitar que la situación continúe agravándose.
Texto de la carta enviada a nuestro medio …
