Según un informe publicado por La Tecla, la Policía de la provincia de Buenos Aires atraviesa un escenario de fuerte malestar interno, con reclamos salariales, cuestionamientos a la cobertura médica y advertencias sobre problemas estructurales que vuelven a tensionar a la fuerza más numerosa del país.
El conflicto tomó visibilidad tras una protesta encabezada por familiares de efectivos en Mar del Plata, donde reclamaron una recomposición salarial cercana al 80% y mejoras urgentes en la cobertura del IOMA. El episodio incluyó momentos de tensión y derivó en una investigación tras la agresión al jefe departamental local.
De acuerdo al relevamiento, un oficial ingresante percibe entre $800.000 y $900.000 mensuales, mientras que un comisario ronda los $2 millones, cifras que —según plantean sectores gremiales— quedaron rezagadas frente a la inflación y la canasta básica. Desde el Sindicato Policial (SIPOBA) advierten que el salario inicial debería ubicarse por encima de los $1,6 millones para superar la línea de pobreza.
El Ministerio de Seguridad bonaerense descarta un “descontento creciente” y recuerda que la Policía no puede sindicalizarse ni realizar protestas formales por ley. Sin embargo, desde SIPOBA señalan que la falta de canales institucionales de negociación deja como única herramienta las manifestaciones realizadas fuera de servicio.
El recuerdo del conflicto salarial de 2020 y las sanciones posteriores opera como factor disciplinador dentro de la fuerza, aunque el malestar —según coinciden distintas voces— persiste.
El diputado provincial Maximiliano Bordarenko (La Libertad Avanza) habló de una “crisis estructural”, vinculada no solo a los salarios sino también a deficiencias logísticas, móviles en mal estado, falta de combustible y cuestionamientos al esquema de formación policial.
Además, puso el foco en la tasa de suicidios dentro de la fuerza y reclamó mayor transparencia en los datos oficiales. En la misma línea, el radical Valentín Miranda advirtió sobre el deterioro de las condiciones laborales, la pérdida de efectivos en el interior bonaerense y la necesidad de mejorar la asistencia psicológica para el personal.
El informe de La Tecla sostiene que, si bien no hay un estallido inmediato, la combinación de salarios depreciados, cobertura sanitaria cuestionada, tensiones previsionales y antecedentes recientes configura un escenario delicado para la gestión provincial.
Con familiares y retirados encabezando los reclamos y el personal activo en segundo plano por temor a sanciones, el conflicto aparece contenido, pero latente. Un “foco de incendio” que, aunque aún no se convierte en llama abierta, vuelve a poner en agenda la situación interna de la Policía Bonaerense.











