EE.UU. y Venezuela: de tensiones crónicas a un ataque militar directo. Las relaciones entre Estados Unidos y Venezuela han sido tensas por décadas, pero alcanzaron un punto crítico en 2025–2026. A lo largo de este período, la llegada de una administración encabezada por Donald Trump intensificó la presión contra el gobierno de Nicolás Maduro, acusándolo de narcotráfico, corrupción y de gobernar mediante prácticas autoritarias.
Estados Unidos declaró al gobierno venezolano como “régimen hostil” y catalogó al llamado Cartel de los Soles —asociado por Washington con la administración de Maduro— como organización terrorista, doblando la recompensa por su captura y justificando acciones más agresivas.
Durante 2025, la tensión escaló con acciones militares consideradas por Washington como parte de una campaña contra narcotráfico que incluía ataques con drones y bombardeos de embarcaciones en el Mar Caribe, donde murieron decenas de personas. Las autoridades venezolanas denunciaron estas acciones como violaciones del derecho internacional y como preludio de una intervención más amplia.
El ataque del 3 de enero de 2026 y la captura de Maduro
El 3 de enero de 2026 marcó un punto de inflexión histórico: Estados Unidos lanzó un ataque militar a gran escala contra Venezuela. El presidente Donald Trump anunció que Nicolás Maduro y su esposa habían sido capturados y trasladados fuera del país tras una operación conjunta de fuerzas armadas y cuerpos de seguridad estadounidenses, aunque las autoridades venezolanas inicialmente no confirmaron este detalle.
La ofensiva provocó explosiones y movimientos de aeronaves sobre Caracas, cortes de electricidad y temores de escalada bélica. El gobierno venezolano calificó la acción como una agresión imperialista, respondió con declaraciones oficiales y declaró un estado de “perturbación externa”. Al mismo tiempo, Maduro ha denunciado que la intervención estadounidense responde más a la ambición de controlar los recursos naturales de Venezuela —especialmente petróleo, oro y tierras raras— que a la lucha real contra el crimen organizado o a la defensa de la democracia.
Contexto histórico y político de la intervención
Este episodio no surge de la nada: existe una larga historia de tensiones entre Washington y Caracas. Desde la imposición de sanciones económicas, el reconocimiento de líderes opositores como legítimos, hasta operaciones clandestinas con consecuencias violentas, ambas partes han acusado a la otra de intentos de golpe o conspiraciones.
Un antecedente notable fue Operación Gedeón (2020), una fallida invasión por mar para derrocar a Maduro. Aunque el gobierno venezolano calificó la operación como vinculada a intereses estadounidenses, Washington negó implicación directa. Además, acusaciones de intentos de golpes de Estado —como la fallida tentativa de 2002— han formado parte del discurso histórico sobre la intervención internacional en Venezuela.
¿Qué hay detrás de la intervención estadounidense? Análisis y polémicas
Las autoridades de Estados Unidos han argumentado históricamente que su postura se basa en temas de seguridad nacional, como la lucha contra el narcotráfico y la represión de regímenes considerados autoritarios. Sin embargo, analistas, líderes regionales y organizaciones internacionales han cuestionado que estas acciones violen normas internacionales y puedan desestabilizar aún más a Venezuela.
Por su parte, el gobierno de Maduro ha rechazado consistentemente las políticas de Washington, calificándolas de intento de cambio de régimen y afirmando que buscan usurpar los recursos del país —una acusación que muchos observadores coinciden en que ha sido central tanto en debates geopolíticos como en la percepción pública dentro de Venezuela.
La necesidad de una intervención orientada a la democracia y no a la apropiación de recursos
1. Restauración del orden constitucional
Si una intervención externa —sea diplomática, económica o, en el peor de los casos, militar— finalmente desemboca en la salida de un líder controversial, el objetivo debe ser restaurar el orden democrático, respetar la soberanía y promover elecciones libres y justas. La historia latinoamericana muestra que las intervenciones que persiguen fines geopolíticos o económicos, sin un plan claro y legítimo para la transición política, tienden a generar caos prolongado y sufrimiento social.
2. Respeto por los recursos naturales
Venezuela es uno de los países con mayores reservas de petróleo del mundo. Cualquier intento de “apropiación” de estos recursos por potencias extranjeras no sólo sería éticamente inaceptable, sino también dañino para la soberanía y el desarrollo futuro del país. La gestión de recursos debe estar al servicio del pueblo venezolano, no de intereses externos.
3. Apoyo internacional para reconstrucción
Una salida pacífica y democrática requerirá cooperación internacional orientada a reconstruir las instituciones, garantizar derechos humanos y promover estabilidad económica. Esto implica sanciones dirigidas y diálogo político respaldado por organismos multilaterales, no ocupaciones o expropiaciones.
Conclusión
La crisis entre Estados Unidos y Venezuela alcanzó un momento crítico a principios de 2026 con una intervención militar que resultó en la captura de Nicolás Maduro, según informes oficiales de Washington. Esta acción refleja años de tensiones, sanciones y respuestas agresivas por ambas partes. Sin embargo, cualquier acción extranjera con poder de alterar el destino político de una nación debe ser cuidadosamente calibrada: el objetivo principal debe ser restaurar la democracia y el orden constitucional en Venezuela, respetando su soberanía y evitando la explotación de sus recursos. Precisamente por la compleja historia de intervenciones en la región, la comunidad internacional y los líderes políticos tienen la responsabilidad de buscar una solución que favorezca al pueblo venezolano antes que a intereses estratégicos o económicos.
