Los recortes en áreas estratégicas de la educación, en particular en las escuelas técnicas, amenazan con convertirse en uno de los principales obstáculos políticos para el Gobierno. El debate por su financiamiento ya se instaló como uno de los puntos más sensibles del tratamiento del Presupuesto 2026 y podría empantanar su aprobación definitiva, provocándole un serio dolor de cabeza al presidente Javier Milei.
Aunque el proyecto ya fue aprobado en la Cámara de Diputados, esta semana comenzó su discusión en el Senado, donde la oposición anticipó que buscará introducir modificaciones clave. Si eso ocurre, la iniciativa deberá regresar a Diputados para un nuevo tratamiento, en un contexto de tiempos parlamentarios ajustados y con el año legislativo entrando en su tramo final.
El núcleo de la disputa es el artículo 30 del Presupuesto, que propone eliminar los pisos mínimos de financiamiento para áreas consideradas estratégicas: Educación, Ciencia y Tecnología, Educación Técnico Profesional y el Fondo Nacional de la Defensa (Fondef). Para la oposición, la eliminación de estos pisos vacía de contenido leyes vigentes y deja sin garantías presupuestarias a sectores sensibles para el desarrollo del país. Por ese motivo, ya adelantó que buscará rechazar o modificar ese artículo en el Senado.
Actualmente, la legislación establece asignaciones mínimas claras: el 6% del PBI para el sistema educativo, el 1% para Ciencia y Tecnología, el 0,2% del presupuesto educativo para la Educación Técnico Profesional y el 0,8% del gasto presupuestario destinado al reequipamiento de las Fuerzas Armadas. El intento de eliminar esos umbrales reavivó el debate sobre el rol del Estado en el desarrollo productivo y la formación de mano de obra calificada.
Desde el sector educativo advierten que el impacto de la medida va mucho más allá de una discusión contable. “Existe un destino común entre la educación profesional y el desarrollo socioproductivo, el modelo de acumulación y desarrollo que tiene nuestro país; eso está muy ligado”, explicó Ricardo De Gisi, director provincial de Educación Técnico Profesional.
Y agregó: “Cuando hay desarticulación productiva —el proceso de desindustrialización— también hay desarticulación de la educación profesional”. La advertencia apunta al riesgo de profundizar un círculo de deterioro: menos industria, menos empleo calificado y, en consecuencia, menor demanda y financiamiento para la educación técnica.
De Gisi recordó que durante el gobierno de Mauricio Macri el financiamiento previsto por ley para la educación técnico profesional “se incumplió sistemáticamente”, y que recién en el último año de la gestión de Alberto Fernández se logró alcanzar el piso legal establecido.
Sin embargo, el escenario actual sería aún más grave. “El Presupuesto 2024, que finalmente no fue sancionado, suspendía la ley. Para 2026 directamente planean su derogación; es decir, se disuelve el fondo y toda forma de financiamiento de la educación técnico profesional a nivel federal, junto con los organismos que la regulan”, advirtió.
Si el Senado introduce cambios en los artículos en disputa, el proyecto deberá volver a Diputados. Ese ida y vuelta, en un calendario parlamentario acotado, podría dejar al Gobierno sin margen político ni temporal para sancionar el Presupuesto antes de fin de año.
En ese contexto, la discusión por las escuelas técnicas deja de ser un reclamo sectorial y pasa a ocupar un lugar central en la escena política. El financiamiento de la educación técnica podría transformarse en el punto de apoyo desde el cual la oposición complique —o incluso frene— la principal ley económica del gobierno de Javier Milei.
