La Justicia Federal dictó una medida cautelar a favor de las universidades y ordenó al Gobierno de Javier Milei actualizar de inmediato los salarios docentes y no docentes y recomponer las becas estudiantiles, aplicando los artículos 5° y 6° de la Ley de Financiamiento Universitario (27.795).
El fallo dejó sin efecto provisoriamente un decreto del Ejecutivo que había suspendido la ley y sostuvo que no puede frenarse una ley válida mediante un decreto, ya que vulnera la división de poderes. El juez destacó que el Congreso insistió con la norma con mayoría agravada, lo que obliga a su cumplimiento.
La resolución remarca que la falta de actualización salarial y de becas genera un perjuicio grave y actual por la pérdida del poder adquisitivo, difícil de reparar si no se actúa ahora. Además, relativiza el impacto fiscal al señalar que el costo sería apenas el 0,23% del PBI y subraya la protección del derecho a la educación.
Finalmente, el tribunal consideró que el decreto presidencial avanzó sobre facultades del Congreso y configuró un caso de arbitrariedad e ilegalidad manifiesta.
