La causa Astillero Río Santiago: ordenan a Héctor Scavuzzo y otros exfuncionarios devolver más de $70 millones. El Astillero Río Santiago (ARS) vuelve a quedar en el centro de la escena judicial y política. El Tribunal de Cuentas de la provincia de Buenos Aires dictó una de las sanciones económicas más severas de los últimos años al confirmar un perjuicio fiscal millonario producto de una maniobra de contratos apócrifos durante los años 2012 y 2013, en la gestión provincial de Daniel Scioli.
La resolución, identificada como fallo 351/2025, impuso un cargo solidario de $70.476.778,10 contra cuatro exfuncionarios del ente administrador del Astillero, entre ellos el exintendente de Coronel Pringles y expresidente del ARS, Héctor Scavuzzo, quien ya había sido condenado penalmente por defraudación al Estado.
Junto a Scavuzzo, también fueron alcanzados por la sanción Rodolfo Guillermo Elísetch, coordinador de Sueldos y Personal Superior; Adrián Edgardo Borcerio, secretario de Presidencia; y Julio Rubén Borovik, gerente general del Astillero. El Tribunal determinó que los cuatro deberán responder de manera personal, directa y solidaria por el monto fijado.
Según surge del expediente 21900-9195-2016-0-1, durante casi dos años se liquidaron salarios correspondientes a contratos a plazo fijo que nunca existieron. Las personas que figuraban como beneficiarias jamás trabajaron en el organismo, desconocían esos vínculos laborales y nunca cobraron los haberes.
La investigación administrativa concluyó que el dinero era retirado directamente de la Tesorería del Astillero por los propios funcionarios hoy sancionados, en una operatoria que el Tribunal de Cuentas calificó como “apropiación ilegítima de fondos provinciales”. La maniobra había sido denunciada originalmente en el fuero penal bajo la carátula “Flores, Nilda Estefanía s/ denuncia”, causa en la que varios de los involucrados fueron imputados por peculado, delito previsto en el artículo 261 del Código Penal.
El perjuicio fiscal original fue calculado por la Contaduría General bonaerense en $16.100.478, monto correspondiente a los pagos indebidos realizados entre enero de 2012 y diciembre de 2013. Sin embargo, el Tribunal de Cuentas aplicó intereses conforme a su doctrina —equivalentes a los que paga el Banco Provincia para depósitos a 30 días—, lo que elevó la cifra final a más de $70 millones. Ese monto deberá ser depositado por los exfuncionarios en un plazo improrrogable de 90 días en la cuenta fiscal del organismo de control.
A lo largo del proceso, los sancionados presentaron descargos, ofrecieron prueba testimonial e incluso intentaron recusar al instructor sumariante, pero todas las defensas fueron rechazadas. El Tribunal consideró probado que no existieron controles mínimos, que no se pudo justificar el destino de los fondos y que los implicados participaron activamente en la liquidación de contratos inexistentes.
La única excepción fue Andrés Omar Ombrosi, quien finalmente fue excluido del cargo solidario al determinarse que no integró la cadena de responsabilidad funcional que permitió la maniobra. El voto del vocal preopinante, Juan Pablo Peredo, sostuvo que el daño económico fue “cierto, cuantificable y atribuible”, criterio que fue acompañado de manera unánime por el resto de los vocales y por el presidente del Tribunal, Federico Thea.
La resolución también advierte que, en caso de incumplimiento, se dará intervención al Fiscal de Estado para iniciar acciones de ejecución. Los sancionados aún pueden apelar o recurrir a la vía contencioso-administrativa, aunque deberán notificarlo de inmediato. El fallo vuelve a poner en discusión las falencias estructurales de control en el Astillero Río Santiago, las responsabilidades políticas acumuladas durante años y el impacto económico que estas prácticas tuvieron sobre las arcas provinciales, en una de las empresas estatales más emblemáticas de la provincia de Buenos Aires.
Héctor Scavuzzo nació el 3 de julio de 1953. Abogado, exsenador provincial del PJ y exintendente de su ciudad natal, Coronel Pringles. Dejó de mostrarse en actividades políticas como un referente. Se trata del extitular del Astillero Río Santiago, quien fue condenado en La Plata por una millonaria defraudación al Estado bonaerense.
