Menores inversores: ¿avance responsable o apuesta peligrosa del gobierno de Milei? El debate sobre la autonomía económica de los jóvenes dio un giro inesperado con la nueva resolución de la Comisión Nacional de Valores (CNV), impulsada bajo la administración de Javier Milei: desde ahora, los adolescentes de 13 años en adelante pueden invertir en fondos de bonos, acciones, Cedears y otros instrumentos. La medida, presentada como un paso hacia la inclusión financiera y la educación, despierta también muchas preguntas críticas.
Según la Resolución General Nº 1091 publicada por la CNV, los jóvenes podrán abrir “subcuentas comitentes” con la autorización de sus padres o tutores legales. Inicialmente, solo se les permitía invertir en FCI (Fondos Comunes de Inversión) de baja complejidad (“money market”), pero ahora esa barrera se amplió: los adolescentes podrán acceder a FCI abiertos integrados por bonos, acciones u otros activos más sofisticados.
No obstante, la resolución establece límites: no se les permite operar en fondos cerrados ni en aquellos reservados para “inversores calificados”, es decir, los más riesgosos. La CNV —y el gobierno— argumentan que la medida fomenta la educación financiera, promueve la planificación desde temprana edad y refuerza la autonomía progresiva reconocida por la ley.
Ventajas visibles — y riesgos subyacentes
A favor: Abrir este tipo de posibilidades podría ayudar a que los jóvenes no solo ahorren, sino que comprendan el mundo financiero real desde chicos. Si se acompañan con educación financiera, podrían desarrollar hábitos responsables de inversión, no depender solamente del “cuentas de ahorro actividades básicas”. Es una apuesta a construir un mercado más inclusivo y “moderno”, como dicen desde la CNV.
Pero también hay motivos graves para preocuparse:
Inmadurez frente al riesgo: A los 13 años, muchos adolescentes todavía no tienen una concepción madura del riesgo financiero. Invertir en instrumentos volátiles como acciones o bonos puede conducir a pérdidas importantes.
Supervisión parental no siempre garantizada: Aunque la norma exige autorización de un tutor, no está asegurado que todos los padres tengan los conocimientos para acompañar adecuadamente estas operaciones. La educación financiera de muchos adultos no es la ideal, por lo que podrían dejar que sus hijos tomen malas decisiones guiados solo por la lógica del “ganar rápido”.
Posible “gamificación” de las inversiones: Hay un riesgo real de que los jóvenes asimilen la inversión a un juego, a una forma de “apostar”. Especialistas ya han advertido que esta medida podría convertirse en una puerta a una “timba financiera”, especialmente si no se regula con cuidado.
Desigualdad de oportunidades: No todos los adolescentes tienen los mismos recursos para invertir. Esta medida puede favorecer a quienes ya tienen cierto capital o cuentan con adultos dispuestos a arriesgar, profundizando desigualdades.
Contexto político y económico
Esta decisión no aparece en un vacío: forma parte de un modelo más amplio de desregulación financiera promovido por el gobierno de Milei. En su gestión, se han flexibilizado controles y se ha buscado abrir aún más el mercado de capitales. La movida de habilitar a menores para invertir no solo es un gesto de “libertad económica”, sino también una estrategia para fomentar la participación de nuevos actores en el mercado, posiblemente con vistas a consolidar un sistema financiero más activo y dinámico bajo su gestión.
¿Qué se debería hacer para que esta medida no sea solo un riesgo?
Fortalecer la educación financiera: No basta con abrir la puerta del mercado. Es clave implementar programas escolares obligatorios que enseñen no solo cómo invertir, sino también cuándo no hacerlo.
Asesoramiento obligatorio: No solo supervisión parental, sino también acceso a asesores o tutores financieros que guíen a los adolescentes, especialmente en sus primeras inversiones.
Límites y monitoreo: Evaluar después de un tiempo si la medida está generando más problema que beneficio: pérdidas masivas, inversiones especulativas o abusivas deben ser monitoreadas.
Protección regulatoria: Diseñar mecanismos que eviten que los menores sean víctimas de promotores de inversiones riesgosas o estafas, dado que muchos no tienen experiencia ni juicio para discernir los riesgos reales.
Conclusión
La decisión del gobierno de Milei y la CNV de permitir que jóvenes desde los 13 años inviertan en instrumentos bursátiles es, en teoría, una revolución en la inclusión financiera. No obstante, el avance no está exento de peligros. Si bien puede representar una oportunidad educativa y un impulso para la autonomía, también puede exponer a los adolescentes a riesgos para los que tal vez no estén preparados. Sin un marco de apoyo sólido —educativo, regulatorio y familiar—, esta apertura podría terminar siendo una apuesta demasiado grande para jóvenes demasiado jóvenes.
