Crisis comercial: cierres forzados y culpas impuestas. El costo humano de la recesión

En medio de un escenario económico profundamente recesivo, los cierres de empresas y comercios se multiplican a lo largo del país. Ante cada persiana que baja, no faltan voces —desde algunos sectores políticos, económicos o mediáticos— que justifican estas pérdidas bajo una lógica implacable: “No eran competitivos”, “No estaban preparados para el mercado”, “No eran sustentables en el tiempo”.

Estas frases, tan frecuentes como frías, buscan imponer la idea de que el fracaso empresarial es culpa exclusiva del propio empresario o comerciante. Pero esta visión, además de simplista, ignora las causas estructurales que atraviesan a la economía real: presión fiscal asfixiante, caída del consumo, inflación descontrolada, tasas financieras prohibitivas y políticas económicas que —en lugar de acompañar— expulsan.

¿Quién puede ser competitivo en un mercado paralizado?

El problema no es que haya negocios que no pueden adaptarse a un “mercado libre”, sino que no existe tal mercado cuando la economía está deliberadamente enfriada, con salarios pulverizados, sin crédito accesible, con tarifas dolarizadas y reglas de juego que cambian constantemente.

En un contexto así, hablar de “incompetencia” o “ineficiencia empresarial” no solo es injusto, sino profundamente irresponsable. Porque no se puede exigir competitividad a quien lucha por sobrevivir en medio de un temporal económico impuesto desde arriba, donde las decisiones se toman en función de números y planillas, pero sin ver las personas detrás de ellas.

Cada cierre tiene nombre, historia y consecuencias

Cada vez que se cierra un comercio o una pyme, no solo se pierde una unidad productiva: se pierde un proyecto de vida, se desarma una red social, se vulnera a una familia. Se pierden empleos, sueños, oportunidades. Muchos de esos negocios fueron levantados con años de esfuerzo, con ahorros, con esperanza. No eran experimentos improvisados. Eran panaderías, ferreterías, librerías, talleres, pequeñas industrias familiares.

A eso se suma un impacto que se expande como una onda: los proveedores que ya no venden, los empleados que quedan en la calle, los barrios que pierden vida y los consumidores que tienen menos opciones a precios justos. El cierre de un local no es un hecho aislado: es síntoma y consecuencia de una enfermedad económica más profunda.

¿Qué responsabilidad tiene el Estado?

Cuando un gobierno decide ajustar sin proteger, priorizar al capital financiero sobre la producción nacional o reducir el gasto público a costa del tejido social, no es la economía la que falla, es la política la que abandona. Las crisis no son actos de la naturaleza: son el resultado de decisiones.

Y si bien es cierto que no todos los negocios pueden sostenerse eternamente, no se puede naturalizar que miles de ellos caigan por condiciones artificialmente impuestas. El rol del Estado no puede limitarse a mirar desde la vereda de enfrente cómo cierran las puertas. Su obligación es garantizar las condiciones mínimas para que producir y trabajar en el país no sea una hazaña heroica.

Un modelo que margina no puede llamarse modelo

En tiempos de crisis, los discursos que justifican cierres como “parte de la depuración natural del mercado” son funcionales a un modelo que busca concentrar la riqueza y achicar la economía nacional. Y como sociedad, debemos preguntarnos: ¿qué futuro construimos si aceptamos que soñar, emprender y trabajar se vuelva inviable?

La verdadera competitividad no se logra destruyendo, sino invirtiendo, protegiendo y acompañando. Porque detrás de cada cierre hay mucho más que números: hay personas, hay historias, hay país.