¿Solidaridad o negocio? le cobran más de $34 millones a B. Bca. por dos puentes

En un nuevo episodio que pone en tela de juicio las prioridades del Gobierno nacional, se ha confirmado que la Municipalidad de Bahía Blanca paga más de 34 millones de pesos al Ejército Argentino por el alquiler de dos puentes Bailey —infraestructura temporal instalada tras la devastadora inundación del 7 de marzo— con el fin de restablecer la conectividad urbana en zonas críticas de la ciudad.

Lejos de tratarse de una colaboración entre niveles del Estado en un contexto de emergencia, la situación revela una transacción estrictamente comercial entre el Ejército y el municipio, que debe asumir un gasto millonario por dos estructuras fundamentales para la vida cotidiana de miles de vecinos.

Los puentes, ubicados en las calles Santa Cruz y Malvinas, fueron colocados de urgencia para garantizar el cruce sobre el dañado sistema del Canal Maldonado. Sin embargo, el costo de ese “auxilio” no fue asumido por el Estado nacional —que debería ser el primero en asistir a las ciudades golpeadas por catástrofes—, sino que recae directamente sobre las arcas municipales.

34 millones por tres meses, y contando

Según información oficial publicada en el portal de Gobierno Abierto y ratificada por el Digesto Municipal, el convenio con el Ejército contempla un monto de 17.670.949 pesos por cada puente, por un período de tres meses. Dicho convenio habría vencido en septiembre, pero se presume una renovación automática, lo que continúa engrosando el gasto para la ciudad.

Como si esto fuera poco, se suma un adicional de más de 8 millones de pesos por la contratación de un seguro técnico obligatorio (que cubre incendio, robo total o parcial y responsabilidad civil) con Provincia Seguros. En total, el municipio estaría comprometiendo más de 42 millones de pesos para garantizar la continuidad de un servicio vial elemental, sin que hasta el momento exista un plan concreto para reemplazar esas estructuras temporales por obras definitivas.

¿Estado presente o Estado recaudador?

Lo más llamativo —y preocupante— de esta situación es el rol asumido por el Gobierno nacional. En lugar de acudir con recursos y soluciones en un contexto de emergencia climática, el Ejército Argentino actúa como proveedor rentado, cobrando cifras millonarias a otra jurisdicción del Estado por un servicio que, en contextos de catástrofe, debería ofrecerse sin costo o con financiamiento nacional.

Esta lógica mercantilista de la asistencia pública no solo resulta insólita, sino profundamente regresiva: convierte a los municipios en clientes del propio Estado, mientras se desentiende de su responsabilidad de garantizar infraestructura crítica y respuesta ante emergencias.

Una obra que no llega

A más de siete meses del temporal, no hay noticias claras sobre obras definitivas para reemplazar los puentes Bailey, ni sobre un eventual alivio económico al municipio por parte de Nación. Mientras tanto, Bahía Blanca sigue dependiendo de estructuras temporales por las que debe pagar como si se tratara de una empresa privada. Este episodio deja al descubierto una preocupante tendencia: el Estado nacional no solo se retira de sus funciones básicas, sino que también lucra con las emergencias de las ciudades que intenta “ayudar”.